En un giro que ha generado desconcierto entre abogados y especialistas en procuración de justicia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó este viernes todas las cuentas bancarias del empresario coahuilense Raúl Rocha Cantú, apenas unas horas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) le otorgara el estatus de testigo colaborador protegido mediante un criterio de oportunidad.
El congelamiento fue ejecutado a las 04:17 de la mañana del viernes 6 de diciembre, según consta en el oficio UIF/UIDF/DAJ/012345/2025 enviado a las principales instituciones bancarias del país. En la lista de bloqueados aparecen, además del propio Rocha Cantú, tres de sus empresas: Constructora PyR Coahuila S.A. de C.V., Inmobiliaria Norteña del Golfo S. de R.L. de C.V. y el fideicomiso privado F/3077.
Fuentes de la FGR confirmaron que Rocha Cantú firmó el acuerdo de colaboración la noche del jueves en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), comprometiéndose a aportar pruebas documentales y testimoniales sobre presuntos esquemas de lavado de dinero a través de contratos de obra pública adjudicados entre 2012 y 2017 en Coahuila y Nuevo León, así como posibles vínculos con integrantes del Cártel del Noreste.
“Es la primera vez que vemos que, en menos de 12 horas después de recibir inmunidad penal condicionada y protección federal, al mismo testigo le congelan todo su patrimonio. Jurídicamente no es ilegal, pero sí resulta contradictorio y puede desincentivar futuras colaboraciones”, comentó en anonimato un fiscal federal con conocimiento directo del expediente.
El bloqueo de la UIF se fundamenta en la existencia de “operaciones inusuales y preocupantes” detectadas en las cuentas de Rocha entre 2019 y 2024, mismas que —según el oficio— podrían estar vinculadas a los hechos que ahora él mismo está reconociendo y detallando ante la FGR.
El abogado defensor de Rocha Cantú, Luis Armando Martínez, declaró brevemente a las afueras de la FEMDO: “Mi cliente está cumpliendo cabalmente con su compromiso de colaboración efectiva. Esperamos que esta situación se resuelva pronto para no afectar su seguridad ni la de su familia, que depende económicamente de él”.
Raúl Rocha Cantú, de 52 años, fue detenido inicialmente en marzo de 2024 en San Pedro Garza García, Nuevo León, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Desde entonces permanecía en prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano hasta que se concretó el acuerdo que lo convirtió en el testigo protegido de mayor perfil económico en el norte del país durante la presente administración.
El caso abre nuevamente la discusión sobre los incentivos reales que el Estado mexicano ofrece a quienes deciden colaborar en investigaciones de alto impacto y si el gobierno federal está enviando, sin querer, el mensaje de que “aunque colabores, igual te dejamos sin un peso”