En un duro golpe a la presunta infiltración del crimen organizado en la política mexicana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó este jueves el bloqueo administrativo de cuentas bancarias vinculadas a 22 objetivos en México, entre ellos la diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo. La medida se deriva de sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que acusa a la legisladora de tener nexos políticos con “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.
La acción de la UIF se anunció apenas una hora después de que el gobierno estadounidense revelara una serie de designaciones que incluyen a siete personas físicas y 15 empresas morales, principalmente con operaciones en Playas de Rosarito, Baja California. Según el comunicado oficial de la OFAC, estos sujetos habrían proporcionado soporte logístico, financiero y político a actividades ilícitas de “Los Mayos”, como el lavado de dinero a través de bares, restaurantes y resorts turísticos en la zona fronteriza, un corredor clave para el contrabando de drogas. Entre los sancionados destacan operadores como los hermanos Arzate, identificados como líderes regionales del grupo criminal, y figuras como Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder del brazo armado de la facción con una recompensa de hasta 5 millones de dólares por parte del Departamento de Estado.
“La integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional”, precisó la UIF en su comunicado.
La dependencia, encabezada por Omar García Harfuch (aunque el titular mencionado en algunos reportes es Omar Reyes Colmenares), enfatizó que el bloqueo es una medida preventiva y administrativa, no una determinación judicial, y que se revisarán estados de cuenta, movimientos financieros, beneficiarios y operaciones transfronterizas. En caso de detectarse irregularidades, se dará vista inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar procedimientos legales.
Hasta el momento, la diputada Brown no ha emitido un pronunciamiento oficial detallado, aunque en declaraciones iniciales negadas por algunos medios, habría afirmado no haber recibido notificación de congelamiento de cuentas. Esta situación genera un escándalo en las filas de Morena, partido que ha hecho de la “austeridad” y la lucha contra la corrupción sus banderas, y pone en jaque la integridad de sus legisladores en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre la infiltración del crimen en la política mexicana. La UIF no ha revelado montos específicos de los activos bloqueados, pero la medida afecta no solo a Brown, sino a una red que, según EU, ha construido un “imperio” en Rosarito mediante contubernios políticos y empresariales.