El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles una medida de amplio alcance en su política migratoria: la suspensión temporal e indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para nacionales de 75 países. La decisión, que entrará en vigor a partir del 21 de enero de 2026, forma parte de la intensificación de las políticas restrictivas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump en su segundo mandato.
Según un comunicado oficial del Departamento de Estado difundido en su cuenta de X (anteriormente Twitter), la medida busca “reevaluar los procedimientos de procesamiento de inmigración para evitar la entrada de ciudadanos extranjeros que busquen beneficiarse de la asistencia social y los beneficios públicos” del pueblo estadounidense. El texto oficial señala que se suspenderá el trámite para países cuyos migrantes “reciben prestaciones sociales del pueblo estadounidense en proporciones inaceptables”.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, enfatizó que la administración utilizará su autoridad legal de larga data para declarar inadmisibles a potenciales inmigrantes que podrían convertirse en una “carga pública” y “explotar la generosidad del pueblo estadounidense”. La suspensión se fundamenta en la disposición de “public charge” (carga pública) de la ley de inmigración, que ha sido endurecida durante el gobierno de Trump.
La medida afecta exclusivamente a las visas de inmigrante (aquellas que otorgan residencia permanente o green card), incluyendo categorías familiares (como IR, CR, F), basadas en empleo, adopciones internacionales y otras vías de inmigración legal permanente. No impacta, por el momento, las visas no inmigrantes (turismo B1/B2, negocios, estudiantes F-1, entre otras), cuya demanda se espera que aumente significativamente ante la organización conjunta de la Copa del Mundo de Fútbol 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028 en territorio estadounidense.
Entre los países incluidos en la lista destacan naciones de América Latina como Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay; países de África como Somalia, Eritrea y otros; naciones de Oriente Medio y Asia como Irán, Afganistán, Pakistán y Bangladesh; y también Rusia, entre otros. Aunque el Departamento de Estado no ha publicado aún la lista completa oficial de los 75 países, diversos medios estadounidenses (como Fox News, Bloomberg y CNN) han confirmado la inclusión de varios de estos basándose en memorandos internos y fuentes gubernamentales.
La decisión ha generado reacciones inmediatas. Organizaciones de defensa de derechos de inmigrantes y expertos han cuestionado la base estadística de la afirmación sobre el uso “inaceptable” de beneficios públicos por parte de inmigrantes, recordando estudios previos (como uno del Cato Institute en 2025) que indican que los nacidos en Estados Unidos consumen, en promedio, más beneficios per cápita que los inmigrantes. Por su parte, la Casa Blanca y el Departamento de Estado defienden la medida como necesaria para “proteger los recursos de los contribuyentes estadounidenses” en medio de casos recientes de fraude en programas de asistencia social.
No se ha especificado cuánto tiempo durará la suspensión ni los criterios exactos para su levantamiento. Las solicitudes de visa de inmigrante ya presentadas antes del 21 de enero podrían quedar en suspenso durante la revisión de procedimientos anunciada. Expertos migratorios consultados por diversos medios estiman que la medida podría afectar a decenas de miles de personas que esperaban reunirse con familiares o iniciar una vida permanente en Estados Unidos por vías legales.
Esta acción se suma a otras medidas recientes de la administración Trump, como la ampliación de restricciones de viaje, la suspensión de asilo en ciertas condiciones y la revocación de estatus de protección temporal (TPS) para nacionales de algunos países. Con esta decisión, el gobierno refuerza su promesa de ejecutar la operación de deportación más grande de la historia y de priorizar una inmigración “legal, controlada y que beneficie a Estados Unidos”.
El impacto humano y económico de la medida comenzará a evaluarse en las próximas semanas, mientras miles de familias y solicitantes en todo el mundo aguardan claridad sobre su futuro migratorio.