La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche ha solicitado el desafuero de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, senador y líder nacional del PRI. Esta solicitud se basa en cuatro carpetas de investigación que involucran presuntos actos de corrupción cometidos por Moreno Cárdenas cuando fue gobernador de Campeche. Las acusaciones incluyen uso indebido de atribuciones y peculado por un probable desvío de 83 millones 508 mil pesos.
Las investigaciones han avanzado significativamente, con 17 personas vinculadas a proceso, entre ellas exfuncionarios de la administración de Alito Moreno. Además, dos personas han obtenido un criterio de oportunidad para colaborar con las investigaciones, lo que podría proporcionar más información sobre la red de corrupción. Los casos específicos que se investigan incluyen el desvío de recursos a través de contrataciones de servicios simulados en la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche.
Se ha demostrado que se pagó a prestanombres para facturar servicios que no se realizaron. Estos servicios incluían la venta de alimentos y mantenimiento de aires acondicionados, entre otros. La investigación ha revelado que estos servicios resultan intangibles para su comprobación, lo que sugiere una falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos.
La responsabilidad de Alito Moreno se da porque firmó un convenio con autoridades federales para que el uso de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se realizara con eficiencia y eficacia. Sin embargo, los hechos sugieren que estos recursos fueron desviados para beneficio personal. La situación es compleja y requiere una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y consecuencias correspondientes.
La solicitud de desafuero es un paso importante en el proceso de investigación y podría permitir que Alito Moreno sea procesado por los presuntos delitos cometidos. La Fiscalía de Campeche ha demostrado su compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad, y se espera que la Cámara de Diputados tome una decisión informada y justa sobre el caso.