En medio de un clamor colectivo que resuena desde las calles de Guadalajara hasta los pasillos de la impunidad, los Guerreros Buscadores de Jalisco y familiares de víctimas de desaparición han elevado su exigencia a la Fiscalía del Estado: la entrega inmediata del cuerpo de Pablo, un joven de 22 años originario de Tepic, Nayarit, quien cayó en las garras del reclutamiento forzado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras más de dos años de agonizante búsqueda y hallazgos que apuntan a su muerte en un rancho de horror en Teuchitlán, la familia denuncia que las autoridades estatales han convertido el duelo en una nueva forma de violencia burocrática, negando el derecho elemental a un entierro digno.
El caso de Pablo estalló en marzo de 2023, cuando el joven, seducido por falsas promesas de empleo en redes sociales, fue interceptado en una central de autobuses de Guadalajara. “Le ofrecieron un trabajo bien pagado en el sector turístico, pero era una trampa del CJNG”, relata Alejandrina Orozco, madre del desaparecido, en exclusiva para este medio. Una semana después, el 7 de abril, Pablo logró enviar un mensaje desesperado: un emoji de pulgar hacia abajo –su código secreto con su madre para alertar peligro– seguido de un auxilio explícito: “Mamá, me llevaron. Estoy con ellos”. En una de las tres llamadas breves que pudo realizar, el GPS de su teléfono lo ubicó en zonas rurales de Los Altos de Jalisco y El Obraje, Zacatecas, confirmando su traslado a campos de adiestramiento forzado.
Alejandrina corrió a las fiscalías de Nayarit, Jalisco y Zacatecas, pero topó con un muro de excusas: “No es nuestra competencia jurisdiccional por la movilidad entre estados”, le respondieron. La inacción oficial contrastó con la tenacidad de los colectivos. En marzo de 2025, los Guerreros Buscadores de Jalisco irrumpieron en el rancho Izaguirre, en Estanzuela, Teuchitlán –un sitio que la Fiscalía había cateado a medias en 2024 sin resultados concluyentes–. Allí, entre cientos de zapatillas abandonadas y restos óseos dispersos, hallaron evidencia de un centro de exterminio y entrenamiento del CJNG. Entre los objetos, Alejandrina identificó los tenis de su hijo, uno de los 400 pares recolectados como trofeos macabros de reclutas desechables, conocidos en el argot criminal como “pollitos de colores”.
El hallazgo del cuerpo de Pablo, presuntamente en ese mismo rancho, se confirmó semanas después mediante pruebas genéticas preliminares. Sin embargo, la pesadilla no terminó. El cadáver permanece retenido en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Lagos de Moreno, Jalisco, bajo el pretexto de “investigaciones pendientes”. “Nos han revictimizado: dilaciones, omisiones y mentiras. La FGR nos informó que Jalisco ni siquiera solicitó el traslado para verificación”, acusa Orozco, quien planea demandar por daño moral y obstaculización. Los colectivos, liderados por figuras como Indira Navarro, vocera de Guerreros Buscadores, exigen no solo la entrega inmediata, sino una investigación profunda contra funcionarios como el exfiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, responsable de la primera incursión fallida en el rancho.
Este caso no es aislado en un Jalisco asediado por el reclutamiento forzado, un delito que la Fiscalía estatal estima afecta a una red que se extiende a Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Michoacán y Guerrero. El modus operandi es implacable: ofertas falsas en Facebook o Instagram atraen a jóvenes vulnerables con promesas de sueldos de hasta 20 mil pesos mensuales. Una vez captados, son entrenados en ranchos como Izaguirre para roles de halcones, sicarios o mulas de droga. En agosto pasado, la Fiscalía de Jalisco detectó esta red y dio vista a la Federación, pero la respuesta ha sido tibia. “México atrae estos casos a la FGR, pero la coordinación falla. Exigimos que Pablo sea el último en sufrir esta impunidad”, clama Navarro.
La madre de Pablo, con la voz quebrada por el peso de 900 días de incertidumbre, no busca venganza, sino cierre. “Quiero llevarlo a casa, a Tepic, y que descanse en paz. Y que esto sirva para que ningún otro hijo caiga en estas trampas”. Mientras tanto, los buscadores continúan su labor: prospecciones en seis puntos nuevos del rancho, impulsados por denuncias anónimas de exreclutados. En un país con más de 110 mil desaparecidos, el grito de Jalisco retumba: ¿hasta cuándo las fiscalías serán cómplices del silencio? La FGR ha prometido intervenir, pero la familia espera hechos, no palabras. Pablo, al fin, merece volver a casa.