En un operativo que expone las grietas del sistema judicial mexicano, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo este fin de semana a Rodrigo Benítez Pérez, exsubfiscal y exmagistrado del Poder Judicial de Nayarit, quien se encontraba prófugo desde finales de 2024. La captura, ocurrida en Nueva Jersey, no responde a una extradición formal, sino a irregularidades migratorias, pero podría abrir la puerta a revelaciones explosivas sobre presuntos nexos de corrupción en el alto mando nayarita.
Benítez Pérez, de 52 años, permanece recluido en el Centro de Detención Contractual Elizabeth, a la espera de un proceso que podría culminar en su deportación a México, donde lo aguardan múltiples órdenes de aprehensión. Fuentes cercanas al caso consultadas por este medio indican que el exfuncionario podría invocar la figura de “testigo colaborador” ante autoridades federales estadounidenses, lo que permitiría intercambiar información sensible a cambio de protección. “Esto no es solo una detención rutinaria; es un punto de inflexión para investigaciones que involucran al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y su círculo”, señaló un analista jurídico que prefirió el anonimato.
La detención por ICE, confirmada el 7 de octubre, resalta la colaboración informal entre agencias mexicanas y estadounidenses en casos de funcionarios huidos. Aunque no hay orden de extradición inmediata, expertos en derecho internacional prevén que la FGR solicite su traslado en las próximas semanas. “Si Benítez opta por colaborar, podría exponer no solo corrupción local, sino nexos con el crimen transnacional, como el tráfico de hidrocarburos desde Pemex”, advierte la abogada penalista nayarita Laura Espinoza.
Por su parte, el gobierno de Nayarit ha guardado un silencio ensordecedor. Ni el gobernador Navarro ni su portavoz han emitido declaraciones oficiales sobre el caso, limitándose a un tuit genérico sobre “el compromiso con la transparencia”. Mientras tanto, en Elizabeth, Nueva Jersey, Benítez Pérez enfrenta un limbo migratorio que podría extenderse meses, bajo la vigilancia de agentes federales que ya han interrogado a testigos sobre sus actividades en suelo estadounidense.