En un caso que ha conmocionado a la sociedad duranguense y nacional, las autoridades locales detuvieron este sábado a Paloma Yazmín “N”, madre de la adolescente Paloma Nicole Arellano, y a su padrastro, el cirujano plástico Víctor Manuel “N”, por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor de 14 años durante un procedimiento estético no autorizado. La noticia llega apenas un día antes de una marcha programada por colectivos ciudadanos y el padre de la víctima, que exigen justicia y una regulación más estricta para las cirugías en menores.
El suceso, ocurrido el 20 de septiembre en la Clínica Santa María de Durango, ha destapado una red de irregularidades que van desde la falsificación de documentos hasta la usurpación de funciones médicas. Según la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), la menor fue sometida a un implante mamario –presuntamente como un “regalo” por su próximo cumpleaños de 15 años– sin el consentimiento del padre biológico, Carlos Said Arellano, quien compartía la patria potestad con la madre. La intervención derivó en complicaciones graves: un paro cardiorrespiratorio, edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia, que terminaron con la vida de Paloma Nicole.
La fiscal estatal, Sonia Yadira de la Garza, calificó los hechos como una “maquinación” entre la madre y el padrastro, quienes habrían actuado en complicidad para ocultar el procedimiento. Arellano relató que el 11 de septiembre recibió una llamada de su exesposa informándole que Paloma había sido recogida de la escuela por un malestar, atribuyéndolo inicialmente a COVID-19. Cuatro días después, el 15 de septiembre, fue notificado de que su hija estaba hospitalizada en estado grave, intubada y en coma en la misma clínica donde se realizó la cirugía.
Las investigaciones revelan que Víctor “N” firmó documentos como tutor legal y médico tratante, pese a no serlo en ninguno de los casos, y que la madre participó activamente en el quirófano realizando actos exclusivos de personal de salud calificado, sin poseer acreditación alguna como enfermera o auxiliar. Además, se alteró una prueba de COVID-19 de 2022 para simular una revisión reciente, lo que configura el delito de falsificación de documentos.
Ambos detenidos enfrentan cargos por omisión de cuidados, falsificación de documentos, usurpación de profesión y posible homicidio culposo o encubrimiento. La FGED, con apoyo de otras corporaciones, ejecutó las órdenes de aprehensión emitidas por un juez, basadas en la denuncia inicial de Arellano el 21 de septiembre. El gobernador Esteban Villegas ha prometido un proceso transparente, sin privilegios, y ha reiterado que “la ley se aplicará en toda su extensión”.
La clínica Santa María, aunque con licencias en regla, enfrenta escrutinio por no detectar las irregularidades en el consentimiento informado, firmado solo por la madre. Mientras tanto, la familia de Paloma Nicole clama por respuestas: “¿Cómo se permite que un padre opere a su hija sin control?”, se pregunta Arellano en sus redes.
Este trágico episodio no solo expone fallas en la regulación médica, sino que invita a una reflexión colectiva sobre la presión sobre los cuerpos juveniles. La FGED continúa las indagatorias, y se espera que en las próximas horas se defina la situación legal de los detenidos. Justicia para Paloma, un grito que resuena más allá de Durango.